El cambio climático se ha convertido en uno de esos conceptos que tienen el riesgo de vaciarse. Falta que en un certamen de belleza (que ojalá dejen de existir) uno o una de las concursantes desee el fin del cambio climático para catapultar a la pareja de palabras a la cúspide de la irrelevancia. Como si se tratase de ese deseo de la paz mundial, ya saben. Sin embargo, el cambio climático tiene características distintas. Los estados no se avergüenzan aún de las acciones que supuestamente realizan para evitarlo. Así como la paz mundial es una utopía ya desechada, el cambio climático todavía se perfila con el horizonte de lo complejo, pero posible. En esta nueva entrada nos preguntamos: ¿qué estamos haciendo en España (realmente) para combatir el cambio climático?

Una sociedad aparentemente consciente del cambio climático

Un estudio de Open Society Foundations dejó claro en el año 2020 que la sociedad española era consciente del cambio climático. En dicho estudio tan sólo el 1% de los encuestados negaba el cambio climático y casi el 80% afirmaba que su existencia era indudable. Sin embargo, los datos sobre movilidad o los hábitos alimenticios no se corresponden con esa preocupación. Quizá ocurra que formemos parte de una ciudadanía a la que no le importa mentir cuando le preguntan. Y una sociedad que no escoge sus gobernantes en función de un argumentario ecologista. Porque tan solo 13% de los cuestionados consideraba que el gobierno debía priorizar la lucha contra el cambio climático.

Por lo tanto, la sociedad española se encuentra en un intersticio singular. Pero no olvidemos que el comportamiento individual apenas tiene relevancia en la contaminación del planeta. Por lo tanto, acerquémonos más bien a lo que se está haciendo desde las administraciones públicas para regular la actividad empresarial.

Cambiar la cultura a base de ley

El gobierno aprobó el pasado mes de mayo la ley Cambio Climático y Transición Energética con la que pretende resolver una serie de objetivos específicos de cara al año 2030 y 2050. Esta ley está estrechamente relacionada con lo que la Unión Europea reclama a España. Algunas de esas metas concretas son las siguientes:

  • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 23% teniendo en cuenta las emisiones de 1990.
  • Alcanzar una penetración del 42% de energía renovable en el consumo final del país.
  • Conformar un sistema eléctrico en el que el 74% de la electricidad provenga de un origen renovable.

Como se observa, las fuentes de energía constituyen el meollo del asunto. Una cuestión, por tanto, en la que el comportamiento individual tiene una relación distante e indirecta. Otra de las decisiones gubernamentales es que ningún comercio podrá vender fruta o verdura en plásticos de un solo uso.

Una educación oficialmente ambiental

En lo referente a la educación,  tema que nos apasiona en Heúreka y nos preocupa, la transición energética ha dejado de ser un referente externo. Se acabó el tiempo en el que el docente debía incorporarlo a sus planes de forma recomendada. La cultura de la alerta ante el cambio climático ha madurado hasta hacerse cuerpo legal. De esa forma, algunas de las cuestiones más importantes que incluye la ley en materia educativa son:

  • La promoción del conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones en las aulas.
  • La revisión de los contenidos pedagógicos para incluir una educación que fomente el desarrollo sostenible.
  • La formación del profesorado.
  • La financiación específica de investigaciones académicas cuyo objetivo sea un mayor conocimiento sobre la transición energética.